Spanish CCAS Certified Cryptoasset AFC Specialist Certification Exam Practice Test

Correcto: La gobernanza institucional en un programa de Inteligencia contra Delitos Financieros (FCI) exige que los cambios significativos en el perfil de riesgo de clientes de alto riesgo, especialmente en sectores complejos como los activos virtuales, sean validados por los órganos de supervisión correspondientes, como el Comité de Riesgos o la Junta Directiva. La reclasificación de un cliente no puede depender exclusivamente de la implementación de herramientas tecnológicas; debe integrarse con una actualización de la debida diligencia (CDD) que evalúe el riesgo residual de forma holística. Presentar el caso ante la gobernanza asegura que la decisión esté alineada con el apetito de riesgo de la institución y que exista una rendición de cuentas formal sobre la aceptación o mitigación del riesgo.

Incorrecto: Revertir automáticamente las calificaciones a un estado anterior sin un análisis técnico previo es una medida reactiva que no resuelve la deficiencia en el proceso de toma de decisiones basado en riesgos. Por otro lado, centrarse únicamente en aumentar la frecuencia del control de calidad o en desarrollar métricas de desempeño sobre el volumen de alertas ignora la falla fundamental de gobernanza, que es la falta de aprobación por parte del comité competente. Estas aproximaciones fallan al no abordar la necesidad de una evaluación integral que combine la información de las herramientas de monitoreo con el contexto del cliente y la validación de la alta gerencia.

Conclusión: Cualquier modificación en la calificación de riesgo de clientes complejos debe ser ratificada por la estructura de gobernanza institucional mediante una evaluación que integre tanto el monitoreo tecnológico como la debida diligencia actualizada.

Correcto: La respuesta correcta es integral porque aborda tanto el riesgo operativo como el estratégico. Primero, la investigacion retrospectiva permite determinar el alcance total de la actividad no detectada. Segundo, el ajuste de los umbrales corrige la falla tecnica en el sistema de monitoreo para prevenir futuras omisiones en ese segmento especifico. Finalmente, el escalamiento al comite de riesgos cumple con los protocolos de gobernanza, asegurando que la decision de mantener o terminar la relacion con un cliente de alto riesgo sea tomada por las instancias adecuadas tras una evaluacion de riesgo-beneficio para la institucion.

Incorrecto: Las otras opciones presentan fallas metodologicas. El cierre inmediato de la cuenta sin una investigacion previa puede resultar en la perdida de informacion valiosa para las autoridades y no soluciona la brecha en los controles de monitoreo. Mantener una vigilancia pasiva por 90 dias es insuficiente ante un riesgo de exposicion a PEP en jurisdicciones de alto riesgo, ya que permite la continuidad de posibles actividades ilicitas. Por ultimo, confiar exclusivamente en la informacion proporcionada por el cliente (RFI) sin elevar su perfil de riesgo ignora los estandares de debida diligencia reforzada exigidos para este tipo de perfiles.

Conclusión: La gestion eficaz de delitos financieros requiere la correccion inmediata de las brechas en los controles de monitoreo y el uso de la gobernanza institucional para la toma de decisiones sobre clientes de alto riesgo.

Correcto: La gobernanza efectiva en un programa de delitos financieros exige que las investigaciones sean imparciales y se basen en datos objetivos, especialmente cuando existen posibles conflictos de interés. El uso de herramientas de análisis de cadena de bloques permite verificar la procedencia de los fondos de manera técnica, contrastando la narrativa del gerente de relación con la realidad transaccional. Escalar el hallazgo al comité de riesgos asegura que la decisión sobre la continuidad de la relación se tome en el nivel jerárquico adecuado, cumpliendo con los estándares de debida diligencia reforzada y mitigando el riesgo de influencia interna.

Incorrecto: Confiar exclusivamente en la justificación del gerente de relación sin una verificación independiente constituye una falla grave en el control interno y aumenta el riesgo de ceguera voluntaria ante actividades ilícitas. Por otro lado, el cierre inmediato de la cuenta sin una investigación documentada impide a la institución comprender el alcance del riesgo y cumplir adecuadamente con la obligación de reportar actividades sospechosas (SAR/STR). Finalmente, delegar la decisión únicamente al departamento legal ignora que la gestión de riesgos de delitos financieros es una función de cumplimiento y gobernanza que debe evaluar la amenaza técnica y operativa, no solo la responsabilidad contractual.

Conclusión: La independencia de la función de investigación y el escalamiento a órganos de gobernanza superiores son esenciales para gestionar riesgos de delitos financieros cuando existen vínculos internos o presiones comerciales.

Correcto: La gobernanza efectiva en un programa de Inteligencia contra Delitos Financieros (FCI) exige que las decisiones sobre relaciones con clientes que presentan un riesgo residual significativo sean escaladas a órganos colegiados, como el Comité de Riesgos o la Junta Directiva. Este procedimiento asegura que la instituci3n asuma el riesgo de manera consciente, documentada y alineada con su apetito de riesgo institucional, evitando que los intereses comerciales de una sola l3nea de negocio comprometan la integridad regulatoria de la entidad.

Incorrecto: Delegar la decisi3n exclusivamente al oficial de cumplimiento de forma unilateral ignora el principio de responsabilidad compartida de la alta gerencia en la aceptaci3n de riesgos. Mantener la cuenta bas1ndose 3nicamente en la rentabilidad y medidas de debida diligencia reforzada (EDD) sin una resoluci3n formal de gobernanza expone a la instituci3n a sanciones graves si el riesgo no es mitigable. Por 3ltimo, evitar el escalamiento interno mediante evaluaciones externas no resuelve el conflicto de intereses ni cumple con los protocolos de supervisi3n interna exigidos por los reguladores.

Conclusión: Las decisiones sobre la continuidad de clientes de alto riesgo con alertas persistentes deben ser validadas por la alta direcci3n o comit1s de riesgos para garantizar que el riesgo asumido sea coherente con la estrategia institucional.

Correcto: La accion mas adecuada integra la gestion de riesgos operativa con la gobernanza institucional. Al identificar una brecha en los controles de monitoreo (umbrales demasiado altos) y un riesgo especifico (PEP en jurisdiccion de alto riesgo), el oficial debe ajustar el sistema para prevenir futuras omisiones. Ademas, segun los estandares de AFC, las decisiones sobre clientes de alto riesgo deben ser escaladas a los comites de riesgos o la alta gerencia para asegurar que la continuidad de la relacion se alinee con el apetito de riesgo de la institucion y que existan medidas de debida diligencia reforzada (EDD) efectivas.

Incorrecto: La propuesta de cerrar cuentas de forma unilateral y presentar un SAR sin un analisis previo de gobernanza es incompleta, ya que no aborda la falla tecnica en el sistema de monitoreo que permitio la actividad. Centrarse exclusivamente en la reconfiguracion tecnica de umbrales ignora la obligacion de gestionar el riesgo reputacional y legal asociado especificamente con el cliente PEP identificado. Por ultimo, postergar la accion hasta el proximo ciclo de revision periodica es una negligencia ante una brecha de control conocida, lo que aumenta la exposicion de la institucion a sanciones regulatorias y riesgos de lavado de dinero activos.

Conclusión: La mitigacion efectiva del riesgo requiere corregir las brechas tecnicas de monitoreo simultaneamente con el escalamiento de casos criticos a la gobernanza para una toma de decisiones basada en el riesgo.

Correcto: La gestion de relaciones con clientes que presentan riesgos elevados, especialmente aquellos vinculados a posibles violaciones de sanciones o actividades sospechosas complejas, requiere una integracion de controles y gobernanza. El enfoque mas robusto implica documentar el hallazgo, elevar el caso a las instancias de decision superior como el Comite de Riesgos o la Junta Directiva para alinear la decision con el apetito de riesgo institucional, y cumplir simultaneamente con las obligaciones de reporte (SAR/STR). Este proceso asegura que la institucion tome una decision informada y que la responsabilidad sea compartida segun la estructura de gobernanza establecida, mientras se actualiza el perfil de riesgo para reflejar la nueva realidad del cliente.

Incorrecto: La terminacion inmediata de la relacion sin una evaluacion de gobernanza previa puede ser reactiva y omitir el analisis de riesgos residuales o la posibilidad de cooperacion con las autoridades. Ademas, notificar al cliente sobre el motivo del cierre podria constituir una revelacion indebida (tipping-off). Por otro lado, limitarse a incrementar el monitoreo o solicitar mas informacion cuando ya existe un hallazgo vinculado a sanciones es una medida insuficiente que expone a la institucion a sanciones regulatorias severas. Finalmente, delegar la toma de decisiones de negocio a las autoridades policiales es incorrecto, ya que la responsabilidad de gestionar el riesgo y decidir sobre la continuidad de un cliente recae exclusivamente en la institucion financiera, no en los agentes del orden.

Conclusión: Las decisiones sobre la continuidad de clientes de alto riesgo deben ser validadas por la alta gestion y estar respaldadas por un analisis de riesgo documentado y el cumplimiento de los reportes regulatorios.

Correcto: La accion mas adecuada integra el cumplimiento de las obligaciones regulatorias con la estructura de gobernanza interna. Ante la imposibilidad de verificar el origen de los fondos y la presencia de indicadores de alto riesgo como el uso de mezcladores, la institucion tiene la obligacion afirmativa de presentar un SAR/STR. Ademas, dado que el riesgo identificado parece exceder el apetito de riesgo institucional, la decision de terminar la relacion debe ser documentada y elevada a los organos de gobierno correspondientes, como el comite de riesgos o la junta directiva, para asegurar una gestion de riesgos integral y proteger a la entidad de riesgos legales y reputacionales.

Incorrecto: Mantener la relacion bajo monitoreo intensificado cuando el riesgo residual ya es inaceptable y no se ha podido mitigar la duda sobre el origen de los fondos es una falla en la aplicacion del enfoque basado en riesgo. Por otro lado, el cierre unilateral y la comunicacion al cliente sobre las sospechas de lavado de dinero constituye una violacion grave conocida como tipping-off, lo cual es ilegal en la mayoria de las jurisdicciones. Finalmente, ajustar los umbrales para reducir alertas o depender exclusivamente de una auditoria externa sin tomar medidas ante los hallazgos actuales representa una debilidad en el control interno y una evasion de las responsabilidades de supervision del oficial de cumplimiento.

Conclusión: Las decisiones de salida de clientes de alto riesgo deben estar fundamentadas en investigaciones tecnicas, reportes de actividad sospechosa y la validacion de los organos de gobernanza para alinearse con el apetito de riesgo de la institucion.

Correcto: La toma de decisiones sobre clientes que presentan un riesgo residual elevado, especialmente tras la presentación de múltiples reportes de actividad sospechosa (SAR), debe integrarse en la estructura de gobernanza de la institución. Según los estándares de AFC, las decisiones de mantener o terminar una relación de alto riesgo no deben ser unilaterales, sino que deben presentarse ante un Comité de Riesgos o la Alta Gerencia. Este proceso asegura que se evalúe si el riesgo identificado se alinea con el apetito de riesgo institucional y si los controles de monitoreo reforzado son suficientes para mitigar las amenazas detectadas, documentando formalmente el análisis para fines regulatorios.

Incorrecto: La terminación automática de la relación sin una evaluación previa por el comité de gobernanza es una medida reactiva que ignora el enfoque basado en riesgos y el análisis de los controles mitigantes. Por otro lado, ajustar los umbrales de monitoreo para reducir la carga operativa es una práctica inadecuada que aumenta el riesgo de omitir actividades sospechosas complejas, contraviniendo la obligación de monitoreo efectivo. Finalmente, delegar la decisión final al área comercial genera un conflicto de interés crítico, ya que la función de cumplimiento y los órganos de gobierno deben mantener la independencia en la gestión de riesgos de delitos financieros.

Conclusión: Las decisiones sobre relaciones de alto riesgo deben ser validadas por los órganos de gobernanza institucional mediante un análisis técnico que compare el riesgo residual con el apetito de riesgo de la entidad.

Correcto: La decisión de terminar una relación con un cliente cuyo riesgo residual excede el apetito de riesgo de la institución debe ser validada por la estructura de gobernanza interna, como el comité de riesgos o la junta directiva. Este enfoque asegura que la acción sea coherente con las políticas institucionales. Simultáneamente, es imperativo cumplir con la obligación regulatoria de presentar un Reporte de Actividad Sospechosa (SAR) ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) antes de proceder con el cierre, para evitar el riesgo de alerta (tipping-off) y permitir que las autoridades actúen si es necesario.

Incorrecto: La opción que sugiere el cierre inmediato sin considerar el reporte previo falla porque puede alertar al cliente sobre la investigación en curso, violando las normativas contra el tipping-off. La alternativa de mantener medidas de debida diligencia reforzada (EDD) de forma indefinida y delegar la decisión al área comercial es incorrecta, ya que ignora que el riesgo ya ha superado los límites aceptables y evade la responsabilidad de la gobernanza de cumplimiento. Por último, esperar instrucciones de las autoridades para decidir sobre la continuidad de la cuenta confunde las funciones; la institución financiera es responsable de gestionar su propio riesgo y cumplir con sus obligaciones de reporte de manera autónoma, independientemente de las acciones judiciales posteriores.

Conclusión: La gestión efectiva de clientes de alto riesgo exige una coordinación entre la evaluación técnica del riesgo, la escalación a los órganos de gobernanza y el cumplimiento de los plazos de reporte para proteger la integridad de la institución y de las investigaciones oficiales.

Correcto: En un marco de gobernanza sólido para la prevención de delitos financieros, las decisiones sobre clientes que alcanzan un nivel de riesgo crítico deben ser escaladas a los órganos de supervisión adecuados, como el Comité de Riesgos o la Junta Directiva. El Oficial de Cumplimiento tiene la responsabilidad de proporcionar un análisis integral que no solo identifique las señales de alerta, sino que también evalúe la capacidad de la institución para mitigar dichos riesgos. Este enfoque asegura que la decisión de mantener o terminar la relación esté alineada con el apetito de riesgo institucional y debidamente documentada para fines regulatorios y de auditoría.

Incorrecto: La propuesta de incrementar el monitoreo y actualizar la debida diligencia sin escalar el caso es insuficiente para un riesgo categorizado como crítico, ya que ignora los protocolos de gobernanza que exigen supervisión de la alta dirección en casos de alta exposición. Por otro lado, la terminación inmediata de la relación sin seguir los canales de gobernanza establecidos puede ser reactiva y privar a la institución de un proceso de toma de decisiones estructurado y basado en evidencia. Finalmente, priorizar las métricas de rentabilidad sobre los riesgos de cumplimiento en un informe a la Junta Directiva constituye una falla grave de ética profesional y expone a la entidad a sanciones regulatorias y daños reputacionales severos.

Conclusión: Las decisiones sobre la continuidad de relaciones con clientes de riesgo crítico deben ser ratificadas por la estructura de gobernanza superior tras un análisis exhaustivo de riesgos y controles mitigantes.

Correcto: La toma de decisiones sobre relaciones de alto riesgo debe seguir una estructura de gobernanza clara y formal. El oficial de cumplimiento tiene la responsabilidad de realizar una debida diligencia reforzada (EDD) y documentar exhaustivamente los hallazgos. Sin embargo, la decisión final sobre mantener o terminar una relación que excede el perfil de riesgo estándar debe ser elevada al comité de riesgos o a la alta gerencia. Este enfoque asegura que la institución asuma el riesgo de manera consciente, documentada y alineada con su apetito de riesgo institucional, cumpliendo con los estándares de control interno y supervisión regulatoria.

Incorrecto: Proceder al cierre unilateral sin consultar a los órganos de gobierno ignora los protocolos de gobernanza interna y puede tener implicaciones legales o comerciales no evaluadas por las instancias correspondientes. Por otro lado, ajustar los umbrales de monitoreo para reducir la cantidad de alertas ante un comportamiento sospechoso constituye una falla grave en el control de riesgos, ya que oculta la actividad en lugar de mitigarla. Finalmente, el uso de declaraciones juradas como única medida de mitigación es insuficiente para clientes de alto riesgo, y delegar la responsabilidad exclusivamente a auditoría interna confunde las líneas de defensa, ya que la gestión del riesgo es una función primaria de cumplimiento y la gerencia operativa.

Conclusión: Las decisiones sobre clientes de alto riesgo deben integrarse en la estructura de gobernanza de la institución, basándose en una debida diligencia reforzada y una escalación formal a la alta gerencia.

Correcto: La respuesta correcta se fundamenta en los principios de gobernanza y toma de decisiones basada en el riesgo dentro de un programa de Inteligencia contra Delitos Financieros (FCI). Ante clientes de alta complejidad o sensibilidad, como aquellos vinculados a PEP y el uso de herramientas de anonimato (mixers), la normativa y las mejores prácticas exigen que la decisión de mantener o terminar la relación sea colegiada y documentada. Presentar una recomendación formal al Comité de Riesgos asegura que la alta gerencia asuma la responsabilidad sobre el apetito de riesgo institucional y que se evalúen formalmente los controles mitigantes, garantizando la trazabilidad del proceso de toma de decisiones.

Incorrecto: Las otras opciones fallan por diversas razones regulatorias y operativas. Proceder con el cierre inmediato sin consultar al Comité de Riesgos ignora los protocolos de gobernanza interna y la necesidad de una evaluación estratégica del impacto del cliente. Mantener la cuenta bajo monitoreo intensificado sin informar a la junta directiva hasta que haya una acción judicial es una postura reactiva que incumple con la gestión proactiva del riesgo y la transparencia interna. Por último, ajustar los umbrales de monitoreo para reducir alertas sin una justificación técnica sólida representa una debilidad en los controles de seguimiento y una posible manipulación del sistema para ocultar riesgos no mitigados.

Conclusión: Las decisiones críticas sobre relaciones con clientes de alto riesgo deben ser escaladas a los órganos de gobernanza pertinentes mediante un análisis de riesgo integral y documentado.

Correcto: La decisión de recomendar el cese de la relación comercial es la más adecuada debido a que el cliente presenta múltiples señales de alerta críticas: el uso de servicios de mezcla (mixers) para ocultar el origen de los fondos, la inconsistencia con el perfil de negocio declarado y la vinculación del beneficiario final con investigaciones de delitos fiscales. Desde una perspectiva de gobernanza y gestión de riesgos, el Oficial de Cumplimiento debe presentar estos hallazgos al Comité de Riesgos para que la institución tome una decisión informada que mitigue el riesgo legal y reputacional. La presentación de un Reporte de Actividad Sospechosa (SAR) es una obligación regulatoria ineludible ante tales hallazgos, y la documentación exhaustiva en el archivo de auditoría garantiza la transparencia del proceso de toma de decisiones basado en riesgos.

Incorrecto: Mantener la cuenta bajo monitoreo estricto esperando una orden judicial es insuficiente y expone a la institución a riesgos significativos, ya que la responsabilidad de identificar y mitigar actividades sospechosas recae en la entidad financiera, no solo en las autoridades. El cierre inmediato y la liquidación de activos sin un análisis previo o la presentación de los reportes correspondientes podría constituir una práctica de ‘tipping off’ o una gestión de salida deficiente que no aborda la raíz del riesgo de cumplimiento. Por último, priorizar la explicación del cliente y los objetivos comerciales sobre las evidencias objetivas de riesgo (como el uso de mixers y medios adversos) ignora el principio de escepticismo profesional y debilita el programa de cumplimiento de la institución.

Conclusión: La gestión eficaz de clientes de alto riesgo requiere una acción coordinada que combine la presentación de reportes regulatorios, la escalación a los órganos de gobernanza y la toma de decisiones fundamentadas sobre la continuidad de la relación comercial.

Correcto: El enfoque basado en riesgos exige que, ante el hallazgo de nexos indirectos con actividades ilícitas y discrepancias en la debida diligencia, la institucion eleve el nivel de escrutinio mediante una debida diligencia reforzada (EDD). La actualizacion de la calificacion de riesgo y la presentacion de un reporte de actividad sospechosa (SAR) son pasos regulatorios obligatorios cuando no se puede mitigar la sospecha. Finalmente, la presentacion de argumentos ante el comite de riesgos asegura que la decision de mantener o terminar la relacion se tome dentro del marco de gobernanza de la institucion, evaluando el riesgo residual frente al apetito de riesgo institucional.

Incorrecto: La suspension inmediata y el congelamiento de fondos sin una orden judicial o una base legal solida puede exponer a la institucion a riesgos legales y operativos, ademas de ser una medida reactiva que no sustituye el proceso de investigacion interna. Mantener la relacion sin cambios basandose solo en el volumen de ingresos ignora las señales de alerta de la red oscura y las fallas en la documentacion, lo que constituye una debilidad grave en el control de delitos financieros. Delegar la responsabilidad de la validacion en una auditoria externa del propio cliente es insuficiente, ya que la institucion financiera tiene la obligacion indelegable de realizar su propio analisis y reportar actividades sospechosas de manera independiente.

Conclusión: La gestion de clientes de alto riesgo debe integrar la debida diligencia reforzada, el cumplimiento de reportes regulatorios y una escalacion formal a la gobernanza para alinear la decision con el apetito de riesgo de la entidad.

Correcto: En situaciones donde un cliente de alto riesgo, como una PEP de una jurisdicción sensible, muestra un comportamiento que excede el perfil transaccional esperado, la normativa y las mejores prácticas de gobernanza exigen una Debida Diligencia Intensificada (EDD). Esta acción permite recolectar información adicional sobre el origen de la riqueza y los fondos. Posteriormente, cualquier decisión sobre mantener o terminar una relación que desafía el apetito de riesgo de la institución debe ser escalada al Comité de Riesgos o a la Junta Directiva. Esto asegura que la alta gerencia asuma la responsabilidad de los riesgos residuales y que la decisión esté alineada con la estructura de gobernanza del programa FCI.

Incorrecto: La opción que sugiere ajustar los umbrales de monitoreo es incorrecta porque constituye una manipulación del sistema para ocultar alertas en lugar de mitigar el riesgo subyacente, lo cual debilita los controles de detección. La opción de terminar la relación de forma inmediata y unilateral, aunque parece prudente, suele fallar en los procesos de gobernanza interna que requieren una evaluación colegiada para clientes de alto perfil, además de que impide un análisis profundo que podría ser útil para un SAR/STR. Finalmente, confiar exclusivamente en una declaración del cliente sin realizar una verificación independiente a través de EDD ni escalar el hallazgo ignora los principios básicos de gestión de riesgos y las responsabilidades de supervisión de la Alta Gerencia.

Conclusión: Las decisiones sobre relaciones de alto riesgo que superan el apetito institucional deben fundamentarse en una EDD actualizada y ser validadas por las instancias de gobernanza superior para asegurar una gestión de riesgos integral.

Correcto: La gestión de relaciones con clientes cuyo riesgo residual excede el apetito de riesgo de la institución requiere un proceso de gobernanza formal. Según los estándares de AFC, cuando una investigación determina que el riesgo es inaceptable, el oficial de cumplimiento debe presentar los argumentos técnicos y los hallazgos ante el comité de riesgos o la alta gerencia. Esta acción asegura que la decisión de salida sea estratégica, esté debidamente documentada y considere las posibles implicaciones legales o de reputación, cumpliendo con la estructura de gobernanza establecida en el programa de delitos financieros.

Incorrecto: Mantener la relación mediante un monitoreo intensificado es una respuesta inadecuada cuando se ha determinado explícitamente que el riesgo supera el apetito institucional, ya que los controles de mitigación no son suficientes para reducir el riesgo a niveles aceptables. Por otro lado, el cierre unilateral e inmediato sin seguir los protocolos de gobernanza internos puede exponer a la institución a riesgos legales por incumplimiento de contrato o falta de debido proceso. Finalmente, esperar instrucciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tras presentar un SAR es un error conceptual, ya que la responsabilidad de decidir sobre la continuidad de una relación comercial recae exclusivamente en la institución financiera y no en las autoridades.

Conclusión: Las decisiones de salida de clientes de alto riesgo deben ser validadas por la alta gerencia o el comité de riesgos para garantizar que la gestión del riesgo esté alineada con la gobernanza y el apetito de riesgo de la institución.

Correcto: La gobernanza efectiva en un programa de FCI exige que las decisiones sobre clientes que presentan riesgos significativos, como el uso de mezcladores y vínculos con jurisdicciones de alto riesgo, se basen en una Debida Diligencia Mejorada (EDD). El escalamiento al Comité de Riesgos es fundamental para asegurar que cualquier decisión sobre la continuidad de la relación esté alineada con el apetito de riesgo institucional y cuente con el respaldo de la alta gerencia, garantizando una documentación robusta para los examinadores regulatorios.

Incorrecto: El cierre inmediato de la cuenta sin una investigación interna previa impide que la institución comprenda la totalidad del esquema de riesgo y puede ser contrario a las políticas de gobernanza que requieren una evaluación formal. Por otro lado, retrasar la acción durante 90 días para recolectar más datos es una respuesta inadecuada ante indicadores de alto riesgo que podrían implicar sanciones o financiamiento del terrorismo. Finalmente, delegar la decisión final exclusivamente al equipo de seguridad informática es incorrecto, ya que, aunque su análisis técnico es valioso, la responsabilidad de la gestión del riesgo de cumplimiento y la decisión sobre la relación con el cliente recae en la función de cumplimiento y los comités de riesgos.

Conclusión: Las decisiones sobre relaciones con clientes de alto riesgo deben integrarse en una estructura de gobernanza que combine el análisis técnico con la validación del apetito de riesgo por parte de la alta dirección.

Correcto: En un programa de Inteligencia contra Delitos Financieros (FCI) robusto, las decisiones sobre clientes que presentan indicadores de alto riesgo, como el layering y la presencia de medios adversos, deben integrarse en la estructura de gobernanza de la institucion. Segun los principios de gestion de riesgos, cuando una actividad supera el apetito de riesgo institucional, el oficial de cumplimiento debe presentar un caso fundamentado ante el comite de riesgos o la alta gerencia. Esto asegura que la decision de mantener o terminar la relacion no sea unilateral, sino que considere el impacto reputacional, legal y operativo total, cumpliendo simultaneamente con la obligacion de reportar la actividad sospechosa a las autoridades competentes.

Incorrecto: La propuesta de mantener la cuenta bajo monitoreo intensificado por un trimestre adicional es inadecuada porque posterga injustificadamente la mitigacion de un riesgo ya identificado, lo que podria interpretarse como una falla en el control preventivo. Proceder al cierre inmediato de la cuenta sin consultar al comite de riesgos ignora los protocolos de gobernanza interna y podria generar riesgos legales o de cumplimiento si no se sigue el debido proceso institucional. Por otro lado, ajustar los umbrales del sistema para reducir alertas en presencia de actividad sospechosa confirmada constituye una debilidad critica en el programa de monitoreo, ya que busca ocultar el riesgo en lugar de gestionarlo o reportarlo.

Conclusión: Las decisiones sobre relaciones de alto riesgo deben ser escaladas a traves de los canales de gobernanza establecidos para asegurar que la respuesta institucional sea proporcional al riesgo identificado y este debidamente documentada.

Correcto: La accion mas adecuada se fundamenta en los principios de gobernanza y el enfoque basado en riesgos. Cuando un cliente de alto riesgo, como un VASP, muestra una actividad que supera el apetito de riesgo institucional, el Oficial de Cumplimiento tiene la obligacion de escalar el caso a los organos de gobierno (Comite de Riesgos o Junta Directiva). Esta accion asegura que la decision de mantener o terminar la relacion sea tomada por la alta gerencia tras evaluar el riesgo residual frente a los objetivos estrategicos, permitiendo ademas la implementacion de medidas de mitigacion reforzadas y una actualizacion de la debida diligencia (CDD) segun lo exigen los estandares internacionales.

Incorrecto: Mantener la relacion bajo monitoreo intensificado sin escalar a la alta gerencia es incorrecto porque ignora que el riesgo residual ya supera el apetito de riesgo aprobado, lo que constituye una falla en la supervision de gobernanza. El cierre unilateral de cuentas por parte del departamento de cumplimiento sin consultar al comite de riesgos es una medida reactiva que puede ignorar protocolos internos de salida de clientes y privar a la institucion de una evaluacion de impacto integral. Por ultimo, ajustar los umbrales de monitoreo para reducir alertas basandose unicamente en el volumen de negocio es una practica peligrosa que debilita los controles de deteccion y puede ocultar patrones de lavado de dinero, contraviniendo la capacidad de identificar brechas en los controles de seguimiento.

Conclusión: Las decisiones sobre clientes cuyo riesgo residual excede el apetito institucional deben ser escaladas formalmente a la alta direccion para garantizar una gestion de riesgos alineada con la estructura de gobernanza de la entidad.

Correcto: El enfoque basado en riesgos exige que las instituciones financieras realicen evaluaciones dinamicas y no solo periodicas. La introduccion de un nuevo producto de alto riesgo, como el comercio P2P, sumada a cambios significativos en el entorno de amenazas externas (actualizaciones de las listas del GAFI), constituyen eventos disparadores que requieren una revision inmediata de la matriz de riesgos. Presentar estos hallazgos a la estructura de gobernanza, como el Comite de Riesgos, asegura que la alta direccion valide el apetito de riesgo y autorice la reasignacion de recursos necesaria para mitigar las nuevas vulnerabilidades identificadas de manera efectiva.

Incorrecto: Mantener el ciclo de revision anual ante cambios materiales en el perfil de riesgo es una falla de cumplimiento, ya que deja a la institucion expuesta a riesgos no mitigados durante meses. La suspension automatica de operaciones en jurisdicciones listadas por el GAFI, conocida como de-risking, es una medida desproporcionada que el propio GAFI desaconseja si no se basa en un analisis de riesgo especifico. Por ultimo, aumentar los umbrales de monitoreo para reducir alertas sin una base tecnica es una decision que incrementa el riesgo residual y no resuelve la brecha fundamental en la evaluacion de riesgos institucional.

Conclusión: Las evaluaciones de riesgo deben actualizarse de forma proactiva ante el lanzamiento de nuevos productos o cambios en el entorno regulatorio para garantizar que los controles sigan siendo proporcionales a las amenazas.

Correcto: La gobernanza efectiva en un programa de Inteligencia contra Delitos Financieros (FCI) exige que las decisiones críticas sobre relaciones de alto riesgo, especialmente aquellas que involucran actividades sospechosas confirmadas en el sector de criptoactivos, sean escaladas a los órganos de supervisión adecuados, como el comité de riesgos o la alta gerencia. Esto asegura que la decisión de mantener o terminar la relación se alinee con el apetito de riesgo institucional y que se documente formalmente el análisis del riesgo residual frente a los beneficios estratégicos. Según los estándares de cumplimiento, el oficial de cumplimiento debe presentar los hallazgos para que la institución, de manera colegiada, determine la acción relacional más apropiada.

Incorrecto: Proceder al cierre inmediato de la cuenta sin consultar al comité de riesgos ignora los protocolos de gobernanza interna y puede exponer a la institución a riesgos legales o de pérdida de datos valiosos para las autoridades. Por otro lado, simplemente elevar la calificación de riesgo y continuar el monitoreo es una respuesta insuficiente cuando ya se ha identificado una actividad que contradice el perfil del cliente y utiliza herramientas de anonimato como los mixers, lo que representa un riesgo inaceptable sin mitigantes adicionales. Finalmente, confiar únicamente en una declaración jurada del cliente sin una verificación independiente es una práctica de mitigación deficiente que no cumple con los estándares de debida diligencia reforzada (EDD) necesarios para gestionar amenazas de lavado de dinero de alta complejidad.

Conclusión: Las decisiones sobre la continuidad de clientes de alto riesgo deben estar respaldadas por una evaluación del riesgo residual y ser validadas por la estructura de gobernanza de la institución para asegurar la alineación con el apetito de riesgo.

Correcto: La gestion de investigaciones que involucran a personal interno requiere un equilibrio estricto entre confidencialidad y objetividad. Al involucrar a las areas de cumplimiento y legal, y excluir explicitamente a la unidad de negocio del implicado, se mitigan los conflictos de interes y se protege la integridad de la prueba. La presentacion de una recomendacion basada en riesgos a la alta direccion asegura que la decision final sobre la relacion laboral y el reporte regulatorio (SAR) se tome dentro del marco de gobernanza institucional, cumpliendo con las expectativas de los reguladores sobre la supervision de riesgos internos y la responsabilidad de la Junta Directiva.

Incorrecto: La terminacion inmediata de la relacion laboral sin una investigacion completa es una medida reactiva que puede resultar en una notificacion indirecta (tipping off) o en la perdida de evidencia critica necesaria para las autoridades. Delegar la investigacion al supervisor directo es una falla de control interno que crea un conflicto de interes severo y compromete la imparcialidad del proceso. Por ultimo, esperar a los ciclos de informes trimestrales es inadecuado para riesgos de alta sensibilidad, ya que la demora en el escalamiento impide una respuesta oportuna ante posibles delitos financieros en curso y vulnera los protocolos de respuesta inmediata ante amenazas internas.

Conclusión: Las investigaciones de personal interno deben gestionarse mediante protocolos de gobernanza independientes y confidenciales que aseguren la objetividad y el escalamiento oportuno a la alta direccion para mitigar riesgos legales y reputacionales.

Correcto: La combinacion de una Persona Expuesta Politicamente (PEP) de una jurisdiccion de alto riesgo con el uso de tecnicas de ofuscacion como los mezcladores (mixers) representa un riesgo residual que generalmente excede el apetito de riesgo de una institucion financiera regulada. La decision de proponer la terminacion de la relacion, respaldada por un Reporte de Actividad Sospechosa (SAR) y una presentacion formal ante el Comite de Riesgos, demuestra una gobernanza solida y una aplicacion efectiva del enfoque basado en riesgos. Este enfoque prioriza la mitigacion de riesgos de delitos financieros y el cumplimiento regulatorio sobre los intereses comerciales, cumpliendo con las expectativas de los supervisores en el sector de activos virtuales.

Incorrecto: Mantener la relacion comercial basandose unicamente en declaraciones juradas es una medida de mitigacion insuficiente cuando se utilizan servicios de mezcla, ya que estos impiden la verificacion independiente y tecnica del origen de los fondos. Centrarse exclusivamente en una investigacion interna sobre el personal que aprobo el alta inicial es una accion reactiva que no aborda el riesgo actual y activo que representa el cliente para la institucion. Por otro lado, ajustar los umbrales de monitoreo para reducir las alertas de un cliente de alto riesgo constituye una debilidad critica en los controles, lo que podria interpretarse como una omision deliberada de la vigilancia debida y aumentar la exposicion a sanciones regulatorias.

Conclusión: Las decisiones sobre relaciones con clientes de alto riesgo deben fundamentarse en el apetito de riesgo institucional y la capacidad de mitigar efectivamente tecnicas de ofuscacion de activos digitales.

Correcto: La gobernanza efectiva en un programa de FCI exige que las decisiones sobre clientes que presentan riesgos significativos, como el uso de mezcladores y vínculos con jurisdicciones de alto riesgo, se basen en una Debida Diligencia Mejorada (EDD). El escalamiento al Comité de Riesgos es fundamental para asegurar que cualquier decisión sobre la continuidad de la relación esté alineada con el apetito de riesgo institucional y cuente con el respaldo de la alta gerencia, garantizando una documentación robusta para los examinadores regulatorios.

Incorrecto: El cierre inmediato de la cuenta sin una investigación interna previa impide que la institución comprenda la totalidad del esquema de riesgo y puede ser contrario a las políticas de gobernanza que requieren una evaluación formal. Por otro lado, retrasar la acción durante 90 días para recolectar más datos es una respuesta inadecuada ante indicadores de alto riesgo que podrían implicar sanciones o financiamiento del terrorismo. Finalmente, delegar la decisión final exclusivamente al equipo de seguridad informática es incorrecto, ya que, aunque su análisis técnico es valioso, la responsabilidad de la gestión del riesgo de cumplimiento y la decisión sobre la relación con el cliente recae en la función de cumplimiento y los comités de riesgos.

Conclusión: Las decisiones sobre relaciones con clientes de alto riesgo deben integrarse en una estructura de gobernanza que combine el análisis técnico con la validación del apetito de riesgo por parte de la alta dirección.

Correcto: La accion correcta integra el cumplimiento normativo mediante la presentacion de un reporte de actividad sospechosa (SAR) con la gestion de riesgos interna a traves de una debida diligencia reforzada (EDD). En casos que involucran a Personas Expuestas Politicamente (PEP) y el uso de herramientas de anonimato como los mixers, es fundamental que la decision de mantener o terminar la relacion sea colegiada y documentada ante el Comite de Riesgos o la Alta Gerencia. Esto asegura que la institucion evalue si el riesgo residual se alinea con su apetito de riesgo y que la gobernanza del programa de delitos financieros funcione de manera integrada.

Incorrecto: Las demas opciones presentan fallos regulatorios y de control interno significativos. Retrasar el reporte a las autoridades hasta obtener pruebas concluyentes ignora el estandar legal de sospecha y los plazos de reporte obligatorios. Por otro lado, cerrar la cuenta informando al cliente sobre la naturaleza de la sospecha constituye una violacion de las leyes contra la revelacion o tipping off, lo que podria comprometer investigaciones oficiales. Finalmente, delegar la decision de cumplimiento al area comercial o de ventas vulnera la independencia de la funcion de control y debilita la estructura de gobernanza necesaria para gestionar riesgos de alta complejidad.

Conclusión: Un programa de FCI efectivo debe conectar los hallazgos de las investigaciones con el reporte regulatorio y la toma de decisiones estrategica a nivel de gobernanza para mitigar riesgos de manera integral.

Correcto: En situaciones donde se identifica una posible colusión entre un empleado interno y un cliente de alto riesgo, el programa de Inteligencia contra Delitos Financieros (FCI) debe activar protocolos de gobernanza que segreguen la investigación del personal de la del cliente. El escalamiento a comités de ética o auditoría es fundamental para gestionar el riesgo de conducta, mientras que la decisión sobre la relación con el cliente debe ser validada por el comité de riesgos o la junta directiva. Este enfoque asegura que se evalúe el impacto integral en el apetito de riesgo de la institución y se mantenga la integridad del proceso investigativo sin comprometer la confidencialidad.

Incorrecto: Priorizar únicamente la debida diligencia del cliente ignora la amenaza interna crítica, lo que podría permitir que la actividad ilícita continúe a través de la manipulación de controles internos. Solicitar aclaraciones directas al empleado implicado representa un riesgo de alerta (tipping off) que podría llevar a la destrucción de evidencia o a la alteración de registros antes de que la investigación se complete. Por último, delegar la responsabilidad total a las autoridades policiales sin tomar acciones de mitigación interna y gobernanza es una falla en la gestión de riesgos propia de la institución, ya que las obligaciones regulatorias de control interno son independientes de las investigaciones criminales externas.

Conclusión: Las investigaciones que involucran amenazas internas requieren una estructura de gobernanza segregada y un escalamiento a la alta dirección para mitigar riesgos operativos y reputacionales de manera integral.

Correcto: La respuesta correcta se fundamenta en los principios de gobernanza y gestion de conflictos de interes dentro de un programa de delitos financieros. Cuando una investigacion involucra a personal interno de alto nivel o posibles conflictos de interes, es imperativo segregar las funciones para garantizar la imparcialidad. El escalamiento a una unidad independiente o comite de etica asegura que la investigacion no se vea comprometida por influencias internas. Ademas, dado que el riesgo afecta el apetito de riesgo institucional, la decision final sobre la continuidad de la relacion con un cliente de alto riesgo debe ser presentada ante el Comite de Riesgos o la Junta Directiva, proporcionando una evaluacion integral que permita una toma de decisiones basada en el riesgo segun los estandares de cumplimiento.

Incorrecto: Las demas opciones presentan fallos estructurales en la gestion de riesgos y gobernanza. Una de las opciones sugiere un manejo estandar que ignora la gravedad del conflicto de interes, lo cual podria permitir que el ejecutivo influya en el resultado de la investigacion. Otra opcion propone el cierre inmediato de cuentas sin una investigacion previa ni un proceso de gobernanza adecuado, lo que podria exponer a la institucion a riesgos legales o de cumplimiento por falta de fundamentacion en el reporte de actividad sospechosa. Finalmente, la opcion que sugiere ajustar los umbrales de monitoreo es incorrecta porque intenta solucionar un problema de integridad y conducta mediante ajustes tecnicos en el sistema de alertas, lo cual no mitiga el riesgo de colusion ni aborda la brecha de control identificada.

Conclusión: Las investigaciones que involucran conflictos de interes internos deben gestionarse con total independencia y escalarse a la alta direccion para preservar la integridad del programa de cumplimiento.

Correcto: La respuesta correcta refleja un enfoque integral basado en el riesgo y la gobernanza institucional. Ante la presencia de indicadores de alto riesgo, como el uso de servicios de mezcla (mixers) y posibles vínculos con jurisdicciones sancionadas, la normativa internacional y los estándares de AFC exigen la presentación de un Informe de Actividad Sospechosa (SAR/STR). Además, la decisión de mantener o terminar una relación comercial de alta complejidad no debe ser tomada de forma aislada por un investigador, sino que debe ser escalada al comité de riesgos o a la alta gerencia para asegurar que la resolución sea coherente con el apetito de riesgo y la estructura de gobernanza de la institución.

Incorrecto: La opción que sugiere el cierre inmediato y la congelación de activos sin seguir el protocolo de gobernanza es incorrecta porque, aunque mitiga el riesgo rápidamente, ignora los procedimientos internos de toma de decisiones y las obligaciones de reporte previo. La propuesta de confiar únicamente en la explicación del cliente y mantener la cuenta bajo monitoreo sin escalar el caso falla al no reconocer la gravedad de los vínculos con sanciones, lo que representa una debilidad en la gestión de riesgos. Por último, ajustar los umbrales para reducir alertas ante riesgos identificados es una práctica inaceptable que debilita los controles de monitoreo y expone a la institución a graves sanciones regulatorias por negligencia.

Conclusión: La gestión de clientes de alto riesgo requiere la integración del reporte de actividad sospechosa con un proceso de escalamiento formal ante los órganos de gobernanza para alinear las acciones relacionales con el apetito de riesgo institucional.

Correcto: La toma de decisiones sobre relaciones de alto riesgo que exceden el apetito de riesgo de la institucion debe procesarse a traves de una estructura de gobernanza formal. Presentar el caso ante un comite de riesgos o la alta gerencia asegura que la decision de salida este alineada con la estrategia institucional y que se documenten adecuadamente los argumentos sobre el riesgo residual y la inviabilidad de la mitigacion, cumpliendo con los estandares de un programa de FCI robusto.

Incorrecto: El cierre inmediato sin validacion interna ignora los protocolos de gobernanza y la necesidad de evaluar el impacto operativo y legal de la desvinculacion. Mantener la cuenta bajo monitoreo intensificado cuando el riesgo ya ha sido identificado como superior al apetito de riesgo representa una falla en la gestion de riesgos, ya que los controles actuales no estan siendo efectivos para mitigar la amenaza. Consultar a los reguladores para decisiones comerciales individuales es inapropiado, ya que la responsabilidad de gestionar el riesgo y decidir sobre la continuidad del cliente recae exclusivamente en la institucion financiera y sus organos de control.

Conclusión: Las decisiones de continuidad o salida de clientes de alto riesgo deben ser validadas por la estructura de gobernanza institucional para asegurar la alineacion con el apetito de riesgo y la debida documentacion del proceso.

Correcto: La respuesta correcta se fundamenta en la necesidad de integrar el análisis de brechas con el ajuste técnico (tuning) basado en riesgos específicos identificados en el ecosistema de criptoactivos. Al proponer métricas como la tasa de conversión de alertas a reportes de actividad sospechosa (SAR), el Oficial de Cumplimiento proporciona a la Junta Directiva una visión real sobre la calidad y efectividad del programa, en lugar de simplemente reportar volúmenes de trabajo. Este enfoque asegura que los recursos se asignen a las amenazas más críticas, cumpliendo con los estándares de gobernanza de delitos financieros (FCI) y la capacidad de tomar decisiones basadas en riesgos.

Incorrecto: El enfoque de aumentar revisiones manuales y usar el volumen de alertas como métrica principal es ineficiente, ya que el volumen no equivale a efectividad y puede saturar a los investigadores con falsos positivos. El cierre masivo de cuentas sin una investigación previa o análisis de comportamiento (de-risking) contradice el enfoque basado en riesgo y puede alienar a clientes legítimos sin resolver la brecha de control subyacente. Por último, delegar la responsabilidad de investigación exclusivamente al equipo de IT ignora que el juicio sobre delitos financieros requiere experiencia en cumplimiento y análisis regulatorio, mientras que las métricas de disponibilidad técnica del sistema no informan sobre la mitigación real del riesgo de lavado de dinero.

Conclusión: Una gobernanza sólida en AFC requiere que los ajustes técnicos se validen mediante análisis de brechas y se comuniquen a la alta dirección a través de métricas de calidad y efectividad operativa en lugar de simples indicadores de volumen.